La España Islamista.Islamizada.El plan de IU contra la Iglesia: expropiaciones, educación laica, matrimonios civiles y cementerios públicos Su “Estado Laico” implica expropiaciones, el fin de la educación concertada, matrimonios civiles y cementerios públicos.

Alberto Garzón, candidato de IU-Unidad Popular a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, presentó el miércoles un listado de 24 medidas para “avanzar en un Estado Laico” junto a Francisco Delgado y Juanjo Picó, máximos representantes de Europa Laica, una asociación vinculada al anticatolicismo de extrema izquierda. Y es que, IU ha asumido como propio el programa laicista que en su día presentó esta entidad de cara a las elecciones locales, autonómicas y generales de 2015.

Sin embargo, una cosa es garantizar la debida separación entre Iglesia y Estado y otra muy distinta sustituir la Iglesia por el Estado, con la consiguiente restricción de las libertades individuales, tal y como aconteció durante los primeros años de la II República.

Los principales titulares que ha generado esta propuesta se han centrado en destacar la supresión de todo tipo de financiación pública a la Iglesia Católica, incluyendo los colegios concertados, así como acabar con las exenciones y privilegios fiscales de los que disfruta esta institución en España, al igual, por cierto, que otras entidades como sindicatos, partidos políticos, otras religiones y ONGs.

En su objetivo de alcanzar un “Estado laico”, el partido de Garzón plantea cuatro ejes básicos de actuación:

Diversas modificaciones legislativas, incluida la Constitución de 1978 […] con el fin de garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa.
– La anulación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.
– La supresión por parte del Estado de todo tipo de financiación de la iglesia católica y de otras confesiones, incluidas las exenciones fiscales.
– Sacar la religión confesional del Sistema Educativo y eliminar la financiación pública de los centros de enseñanza con ideario propio.

Pero estas ideas se materializan en una serie de medidas muy concretas, más allá de la mera eliminación de la financiación pública y el pago de impuestos, entre las que destacan la expropiación de patrimonio eclesiástico, eliminar la religión del ámbito educativo o la imposición de matrimonios civiles y cementerios públicos.

Contra la financiación pública de la Iglesia

El primer bloque de medidas consiste en eliminar la financiación pública de la Iglesia y sus exenciones fiscales. El citado programa recoge la siguiente propuesta:

– Eliminar […] los enormes privilegios fiscales de la iglesia católica […] por cuanto supone la equiparación de hecho con las entidades sin ánimo de lucro y la exención total o parcial en los diferentes impuestos […] (Sociedades, Patrimonio, Actos Jurídicos, IBI, Impuesto sobre Construcciones, IAE, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales).

– El Estado no financiará a las confesiones religiosas, directa o indirectamente, ni realizará aportaciones patrimoniales para el desarrollo de sus actividades.

– […] se eliminará la financiación a través de la casilla en el IRPF.

– La iglesia católica deberá presentar una Memoria al Congreso de los Diputados sobre toda su actividad económica desde 1979, ya sea mobiliaria o inmobiliaria, patrimonio suntuario, explotaciones mercantiles, actividades empresariales, etc.

Según las estimaciones de IU y de Europa Laica, la Iglesia recibe cerca de 11.000 millones de euros al año en concepto de financiación y beneficios fiscales. Pese a ello, estas cifras no están exentas de polémica al contabilizar como dinero público partidas que, en realidad, no lo son. Además, casi el 40% de esa cuantía, algo más de 4.000 millones de euros, va destinada a financiar colegios concertados.

Contra la religión en la escuela

La educación concertada es el segundo gran objetivo del programa laico que defiende Garzón. Por un lado, propone eliminar la financiación pública de los colegios concertados, y, por otro, suprimir la enseñanza de religión en los colegios públicos. Para ello, el programa de IU propone modificar el artículo 27 de la Constitución y sustituirlo por la siguiente redacción:

– Que para garantizar el derecho universal e igual a la Educación, el Sistema Educativo ha de ser laico y por lo tanto la religión, en sus formas confesionales, no formará parte del currículo y del ámbito escolar. Ello con el fin de respetar los derechos de toda la comunidad educativa, sin discriminación ni privilegios, evitando todo tipo de segregación de los escolares por razones de ideas o creencias.

Así pues, la enseñanza de religión desaparecería como asignatura oficial y su enseñanza quedaría excluida de toda la Educación pública, ya que no formaría parte del “ámbito escolar”, ni siquiera como materia optativa y no evaluable. Tal y como ha reconocido el propio Garzón, su objetivo es acabar de forma progresiva con los colegios concertados, apostando así por una “educación 100% pública”.

La enseñanza de la religión y la educación en valores cristianos, por tanto, quedaría reservada, exclusivamente, al ámbito de los colegios privados -financiados por sus propios medios-, según aclaran a Libre Mercado fuentes de IU. Pese a ello, los socios de Garzón, Europa Laica, van algo más allá en esta materia.

– El instrumento básico para lograr una sociedad laica es la escuela pública, universal, no confesional y financiada íntegramente por el Estado.

– Sacar la religión confesional de la Enseñanza.

– Para garantizar el derecho universal e igual a la educación y de acuerdo con los fines que le son propios, la Escuela ha de educar sin dogmas […] En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar […]

– Recibir e impartir enseñanza en materia de religión o de convicciones en los locales apropiados para ello […]

– Ningún menor será obligado a instruirse en una religión o en un sistema de convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño […]

– La Universidad ha de ser laica. Se han de suprimir de la Universidad Pública todas las connotaciones religiosas, así como el estudio específico del derecho canónico y la oferta de clases de religión en cualquier carrera universitaria.

Asimismo, cabe recordar que la derogación de los Acuerdos con el Vaticano de 1979 dejaría en el limbo la existencia legal de las Universidades privadas de la Iglesia; la convalidación oficial de sus títulos y estudios; las subvenciones, becas y ayudas públicas que pudieran recibir los alumnos de los centros de enseñanza de la Iglesia de cualquier grado y especialidad; y, en última instancia, pondría en cuestión el derecho de los padres a decidir la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar.

Contra la propiedad privada de la Iglesia

Aunque no haya recabado tanta atención como los anteriores, éste es, sin duda, unos de los puntos más controvertidos del programa conjunto de IU y Europa Laica, ya que abre la puerta a la expropiación masiva de bienes y propiedades de la Iglesia.

Por un lado, dicho plan pretende anular la inmatriculación de bienes y edificios que ha realizado la Iglesia en los últimos años. En 1998, el Gobierno del PP modificó el Reglamento Hipotecario para permitir que la Iglesia inscribiera en el Registro de la Propiedad sus templos y bienes de dominio público sin necesidad de cumplir todos los procedimientos para ello. Desde entonces, se estima que son miles los bienes inscritos -mas de 4.500, según algunas estimaciones-, incluida la Mezquita de Córdoba, cuya titularidad pública reclama ahora la izquierda. Aquí, IU pide lo siguiente:

– El Estado por vía legislativa debe declarar como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia católica, por dicho procedimiento restituyéndolas a su anterior situación registral. Para ello se ha de hacer, previamente, un listado y balance de todo lo inmatriculado por la Iglesia católica desde 1946, hasta junio de 2015.

Sin embargo, el hecho de que exista un procedimiento especial de inmatriculación para la Iglesia, como es el caso, no significa que deje de ser la legítima propietaria de esos bienes, tal y como explican expertos juristas. Para ser propietario no hace falta acudir al Registro de la Propiedad, y hasta 1998 la Iglesia no registró muchas de sus propiedades por considerarlo innecesario.

El problema aquí es que las formaciones de izquierda, como es el caso de IU o Podemos, pretenden anular dichas inmatriculaciones para, posteriormente, reclamar la expropiación de esos bienes, cuya propiedad es de la Iglesia.

Europa Laica, por ejemplo, defiende que esos activos pasen a dominio público en caso de que la Iglesia no pueda certificar documentalmente su propiedad, lo cual en muchos casos resulta imposible, ya que hace siglos no existían títulos de propiedad como tal. Podemos Andalucía, por su parte, ya ha reclamado la titularidad pública de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica “de forma irregular”, ya sea por no presentar el título de propiedad o por la calidad de dominio público del bien en cuestión en algún momento de su historia.

Por otro lado, el citado plan también contempla la posibilidad de expropiar bienes y edificios eclesiásticos a cuyo cuidado y conservación contribuye financieramente el sector público por pertenecer al patrimonio cultural y artístico del país, así como la expropiación de edificios abandonados y la “desamortización” progresiva de propiedades de la Iglesia por “interés general”.

– El Estado central, autonómico y municipal, coordinadamente, tienen la obligación de velar por el mantenimiento adecuado y el registro anual del Patrimonio Histórico Artístico en poder de la iglesia católica o de otras confesiones, para evitar además que sean transmitidos a particulares o a entidades mercantiles.

– Desamortización de bienes. El Estado debe buscar fórmulas de desamortización paulatina y para uso público del patrimonio de la iglesia católica por el interés general y/o cuando éste participa en su mantenimiento y restauración, como viene obligado por Acuerdos bilaterales y por la actual ley de Patrimonio vigente.

Europa Laica detalla algo más estos objetivos:

– Las aportaciones de recursos públicos para la reconstrucción o el mantenimiento de lugares de culto en razón de su importancia histórica o cultural y que sean de titularidad privada, deberá de prever una fórmula de compensación adecuada en beneficio de la sociedad, sin excluir la cesión de titularidad a las instituciones públicas en aquellos casos que fuera necesario.

– El estado viene obligado a no permitir que exista patrimonio muerto, no utilizado o enajenado indebidamente a favor de la iglesia católica o a otras entidades religiosas y no religiosas.

– El gobierno viene obligado a hacer un estudio […] sobre el patrimonio muerto, no utilizado o apropiado de forma indebida por la iglesia católica […] con el fin de proceder a su desamortización en beneficio del estado, para uso de cada uno de los municipios en que, en su caso, esté ubicado. Una ley regulará los objetivos, procesos y compensaciones, en su caso, para la desamortización.

Contra el matrimonio y los cementerios católicos

Asimismo, el citado plan impone el matrimonio civil por ley, de modo que tras celebrar la ceremonia religiosa tendrá que celebrarse otra civil, además de decretar la titularidad pública de los todos los cementerios -se calcula que de los 17.000 cementerios que tiene España, más de 8.000 son de la Iglesia Católica-:

– Suprimir la validez civil de los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas.

– Los cementerios serán civiles y se asegurará que los familiares de los difuntos puedan celebrar las ceremonias que les parezcan pertinentes. Ningún símbolo, icono o emblema de cualquier tipo, representativo de una religión o de una ideología particular, podrá presidir estos espacios públicos, a excepción de los que a los familiares del difunto decidan exhibir en la sepultura del fallecido. Los ayuntamientos deben, si es posible, procurar espacios específicos para enterramientos de religiones organizadas minoritarias, si lo solicitan.

http://www.libremercado.com/

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