Rajoy, en la Tercera de ABC: «La familia, en el corazón de la agenda política» «Frente a tantos prejuicios, quienes defendemos a la familia lo hacemos porque ayuda a la maduración de la libertad del individuo y permite que las personas se desarrollen en un ámbito ajeno a la intervención de los poderes públicos»

La familia continúa siendo, con gran diferencia, la institución social mejor valorada por los españoles. Así lo confirma el CIS: nueve de cada diez encuestados sitúan la familia por delante incluso de espacios tan importantes como los que podemos dedicar a las amistades, el tiempo libre, la política, el trabajo o la religión. Esta valoración positiva no sorprende: de hecho, coincide con el papel que siempre ha jugado la familia en España. Un papel que no sólo afecta al desarrollo de la personalidad de sus miembros, sino que también ejerce como escuela de valores, vehículo de transmisión cultural y agente de cohesión e integración social. La familia tiene un enorme peso específico en nuestra forma de ser y de relacionarnos, mucho más que en otros países de nuestro mismo entorno.

Estoy convencido de que esta valoración tan positiva también tiene que ver con el papel que ha desempeñado la familia durante la crisis. En muchos casos, ha actuado como red de seguridad y de solidaridad para aquellos que peor lo están pasando. En este sentido, la familia ha ejercido una función de amortiguador frente al deterioro social generado por una crisis caracterizada por una intensa destrucción de empleo.

En el Partido Popular, un partido que tiene a las personas en el centro de su proyecto, siempre hemos considerado a la familia como un eje fundamental de nuestra política social. No creo que haya sido fruto de la casualidad que, en la reciente historia de España, solo haya habido dos momentos en los que se ha hecho verdadera política de familia, entendiendo por tal una política integral de apoyo económico y social a la misma. En ambos casos gobernaba el Partido Popular. Me refiero, como algún lector habrá adivinado ya, a los únicos dos planes integrales de familia puestos en marcha en nuestro país. El primero fue el Plan de familia 2001-2004, aprobado por un Gobierno del que yo formaba parte; el segundo ha sido el Plan 2015-2017, aprobado por el Gobierno que he tenido el honor de presidir. Entre medias, durante las dos legislaturas socialistas, no se hizo política de familia. Y, entre otras cosas, se suprimieron las prestaciones familiares por nacimiento, se rebajaron las prestaciones por hijo a cargo menor de cinco años y se recortó en dependencia.

 

Frente a tantos prejuicios, los que defendemos a la familia lo hacemos porque ayuda a la maduración de la libertad del individuo, y también porque permite que las personas se desarrollen en un ámbito ajeno a la intervención de los poderes públicos. Lejos de ser una institución sospechosa, la familia es indispensable y eminentemente provechosa para el desarrollo personal y social. Por ello mismo, defendemos un explícito compromiso político con la familia; un compromiso que viene de lejos y forma parte de mis convicciones más profundas.

De no haber sufrido la crisis, sin duda que podríamos haber hecho muchas más cosas. Pero incluso en estas condiciones en ningún momento hemos dejado de hacer políticas con un claro impacto positivo en favor de las familias. Lo hicimos en 2012, cuando -pese a las graves restricciones presupuestarias- me comprometí a mantener y mejorar el sistema de pensiones. Gracias a ello, muchos abuelos han podido ayudar a sus hijos y nietos a salir adelante. También hemos abordado importantes reformas estructurales en el mercado de trabajo y en nuestro sistema educativo; reformas realizadas con el claro objetivo de paliar el deterioro de la situación social de las familias. Hoy podemos constatar que, gracias a estas reformas y al esfuerzo de todos, se han recuperado 1,3 millones de empleos destruidos por la crisis, así como todo el empleo femenino perdido en estos años. También hemos logrado reducir el abandono escolar y hemos destinado el mayor presupuesto de la historia de España para becas.

Durante estos años de gobierno, hemos querido también reforzar la protección económica de las familias en general y en especial de las familias más vulnerables. Hemos mejorado su tratamiento fiscal, aumentando hasta un 32 por ciento los mínimos familiares en el IRPF, que llevaban seis años congelados, y estableciendo nuevos cheques familiares de 1.200 euros, acumulables entre sí para las familias más vulnerables: las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a su cargo y las familias con personas con discapacidad a su cargo. También hemos reforzado la protección de las familias con hijos en las prestaciones por desempleo del plan Prepara, y hemos puesto en marcha el Programa Extraordinario de Activación para parados de larga duración con responsabilidades familiares.

Creamos, asimismo, un fondo estatal para cubrir las necesidades básicas de familias en riesgo de exclusión social con hijos menores a cargo, dotado con 17 millones de euros en 2014; 32, en 2015 y 48, en 2016. Aunque la competencia de asistencia social corresponde a las comunidades autónomas y ayuntamientos, el Estado no se ha desentendido en ningún momento de este problema, ya sea a través de este fondo, ya sea través de las subvenciones con cargo al IRPF o del fondo de alimentos. Somos, además, el primer Gobierno que ha tomado medidas para hacer frente al problema de los desahucios, así como al excesivo endeudamiento de muchas familias, a través de la puesta en marcha de la ley de segunda oportunidad. Y hemos abordado el problema de las preferentes, consecuencia de malas prácticas bancarias permitidas por el último gobierno socialista.

Nuestro Gobierno ha reforzado también la protección de las familias numerosas estableciendo, por ejemplo, el mantenimiento de la vigencia del título mientras alguno de los hijos siga cumpliendo los requisitos de edad y demás condiciones previstas. Igualmente se ha fortalecido el reconocimiento de la contribución de las familias a la cohesión social. Así, cabe recordar que, por primera vez en España, se reconoce la aportación de la maternidad a nuestro modelo de bienestar y, desde el 1 de enero de 2016, las mujeres perciben un aumento de hasta el 15 por ciento en su pensión de jubilación, viudedad e incapacidad permanente en función del número de hijos.

También tienen incidencia positiva para las familias diversas medidas adoptadas para impulsar la conciliación. Se han equiparado los derechos de los trabajadores a tiempo parcial y completo para no penalizar a las personas -la mayoría mujeres- que opten por esta modalidad de trabajo como instrumento de conciliación. Y también hemos ampliado el derecho de las familias trabajadoras a la reducción de jornada por cuidado de hijos y, en una decidida apuesta a favor de la corresponsabilidad, hemos impulsado el uso compartido del permiso de lactancia. En el ámbito empresarial, se ha legislado para fomentar prácticas empresariales familiarmente responsables, como la regulación del teletrabajo por primera vez en España, o el fomento de la flexibilidad de la jornada laboral en la Administración Pública.

De cara al futuro cercano, el Partido Popular ha propuesto promover un acuerdo político para que la jornada laboral en nuestro país, con carácter general, concluya a las 18,00 horas. Una medida que se ve complementada con otras de calado, como el cambio de huso horario, el aumentar en diez días más los permisos de paternidad a padres discapacitados o que tengan hijos con discapacidad, y la puesta en marcha de un «sello» -certificado de calidad- para las empresas con horarios racionales.

En definitiva, concluye una legislatura donde las políticas familiares han estado en el corazón de la agenda política, con un enfoque integrado y una perspectiva de inversión social. Se abre ahora un nuevo período político en el que proyectos alternativos pretenden orillar, como mínimo, el valor nuclear de la familia. La familia, esa institución que ha sabido evolucionar y permanecer a lo largo de los siglos, y que ha jugado en los últimos tiempos un papel esencial como amortiguador frente a los efectos de la crisis, está llamada a seguir siendo clave ante los retos demográficos y sociales a los que se enfrenta Europa y nuestro país de manera muy especial. De ahí que debamos seguir el camino iniciado durante estos años, con políticas de apoyo que devuelvan a las familias buena parte de los esfuerzos que realizan. Un gobierno serio que se tome, ahora más que nunca, la familia en serio.

MARIANO RAJOY BREY ES PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN FUNCIONES

http://www.abc.es/

MRF

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