ANDALUCÍA -IU-Podemos Hacen Guiños de Amor a Estos.Para Sociedad Iminente-IU-YA ES Socio de !!HONOR Y Recivitos Junto ha UGT CCOO !!Los interventores desmontan la defensa de los altos cargos de la Junta..!!!

El Gobierno andaluz ocultó al Parlamento lo ocurrido con las ayudas, lo contrario que decía la defensa:que era legal y que toda la cámara lo sabía

La trascendencia del último informe de los interventores generales del Estado en el caso de los ERE va más allá del titular de primera: el Parlamento no sabía lo que estaba ocurriendo ni que se estaban dando subvenciones y ayudas sociolaborales de forma irregular porque la Junta se lo ocultó con un lenguaje «críptico, equívoco y ambiguo». Pues bien, esa teoría de los peritos del Estado, que tras ser citados por la juez Mercedes Alaya su comparecencia quedó aplazada y aún está pendiente, da al traste con una de las estrategias de defensa de la Junta de Andalucía que, a grandes rasgos se basaba en que todo debía ser legal puesto que la partida 31-L (el fondo de reptiles) eran conocidos por todo el Parlamento y, por tanto, los 109 diputados de la cámara regional conocían los movimientos de los presupuestos y también de la partida 31-L.

Sin embargo si, como han dicho los peritos del Estado, los diputados no sabían nada, las tesis de la defensa y, sobre todo de la Junta de Andalucía, pierden fuerza. De hecho, la Junta de Andalucía basó su recurso contra la imputación de la exconsejera de Hacienda, Magdalena Alvarez, y diecinueve altos cargos más, en que si Alaya imputaba a todos ellos debería imputarse igualmente a los 109 diputados, incluidos los de la oposición.

«O se imputa a todos los parlamentarios que han votado a favor de la Ley o que han realizado enmiendas a dicha partida o concluimos que el problema no está aquí sino en las ayudas concretas que daba la Consejería de Empleo», argumentaba uno de los párrafos del recurso de la Junta para defender la legalidad de las transferencias de financiación. Sin embargo, los interventores han dejado muy claro que no es que lo que se estaba haciendo con la partida 31-L y con las transferencias de financiación fuera legal, sino que se ocultaba a la Cámara regional.

De hecho, en su informe los peritos del Estado insisten en que el Parlamento andaluz no aprobó ningún crédito para dar subvenciones ni laborales ni de ninguna otra naturaleza. «La redacción dada anualmente a la aplicación presupuestaria no contiene ninguna mención que permitiera obtener evidencia de que las transferencias de financiación del programa 31-L que se mantuvieron hasta el año 2009 tuvieran como única finalidad el pago de las subvenciones sociolaborales que eran concedidas por la Consejería de Empleo», dicen.

Ello supone pues echar por tierra esa tesis de la Junta de Andalucía de que todo era conocido por el Parlamento o incluso otro de los argumentos que empleó en su recurso:«La Consejería de Empleo no adoptó la transferencia de financiación porque sí, sino porque lo ordenaba la Ley de Presupuestos». Algo que, con el nuevo informe, no parece ser así. Pero también desbarata las tesis que mantuvo ante la juez incluso la propia Magdalena Alvarez quien, cuando Alaya le preguntó si el lenguaje presupuestario era comprensible por cualquier parlamentario, afirmó que todos los diputados estaban«absolutamente especializados en materia presupuestaria». Los interventores que señalan que el lenguaje era ambiguo y críptico parecen decir lo contrario.

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