ESPAÑA El PSOE dilapidó 448 millones de euros en cuatro desaladoras que no se usan_un plan para el agua, España sigue pagando las aventuras ecologistas de Zapatero..!!!

Tras más de 30 años esperando un plan para el agua, España sigue pagando las aventuras ecologistas de Zapatero

Convertida en objeto de disputa electoral y lastrada por las tensiones territoriales del Estado de las Autonomías, el agua sigue siendo asignatura pendiente en España tras más de treinta años de intentos fallidos y luchas partidistas. Algunos de estos planes ocasionaron grandes gastos a las arcas del Estado, como la apuesta por la desalación anunciada por el PSOE en 2004 tras la derogación del trasvase del Ebro para contentar a los socios nacionalistas.

El Gobierno socialista invirtió 594,7 millones de euros -que aún no se han terminado de pagar- en seis plantas desaladoras, aunque había previstas ocho. De ellas, cuatro están terminadas, pero están sin uso, con un coste total de 448 millones. Son las desaladoras de Torrevieja (271), Oropesa del Mar (63), Muchamiel (60) y Moncófar (54).

Sólo una de ellas ha entrado en servicio, «Alicante», con un coste de 109 millones, que ha aportado 48 hectómetros anuales a las reservas alicantinas, frente a los 350 previstos por el trasvase del Ebro para la cuenca del Júcar. Hay otra aún en obras: Sagunto (37,7 millones).

La megaplanta de Torrevieja, que iba a generar 80 hectómetros al año, sigue parada pese a haberse terminado hace dos años. La razón: consumiría tanta electricidad como la ciudad entera en un día de agosto, llena de turistas. El eslogan repetido una y otra vez por José Luis Rodríguez Zapatero fue «Más agua, más rápido y más barata». Ni una sola de estas premisas se ha cumplido una década después.

El resultado de tantos planes fallidos y de las luchas partidistas son sequías periódicamente endémicas en el Levante y de las que tampoco se salva Aragón, región en la que el Ebro, paradójicamente, en vez de gran generador de riqueza se torna cada pocos años en desastre económico por sus riadas desbocadas. En los últimos doce años, las inundaciones del Ebro dejan unas pérdidas medias anuales de más de 20 millones. A eso hay que añadir lo que cuestan las sequías en esta región y en el Levante, más el dinero dilapidado con la estéril aventura de las desaladoras de Zapatero.

Un siglo pidiendo pantanos

Más allá de la eterna y espinosa cuestión del trasvase del Ebro, el problema de fondo es la escasa regulación hidrológica. Aragón da fe de ello, con embalses reclamados en algunos casos desde hace más de cien años y que siguen pendientes, frenando no solo la creación de nuevos regadíos sino también -en años de escasez de lluvias- comprometiendo los existentes.

La planificación hidrológica en España, que avanzó a duras penas en las décadas previas, acabó dinamitada por la «Nueva cultura del agua» a la que se abrazó Zapatero. En 2004, pocos meses después de instalarse en La Moncloa, derogó el trasvase del Ebro de mil hectómetros cúbicos que proyectó el Gobierno de Aznar. Lo tumbó después de que el PSOE, en los años de Felipe González, defendiera un trasvase de 1.800 hectómetros cúbicos.

 

Cristina Narbona era entonces secretaria de Estado de Medio Ambiente, antes de la particular metamorfosis que la convirtió -menos de diez años después- e la ministra antitrasvases de Zapatero. Una etapa en la que, además, se frenaron los proyectos de embalses, esenciales para sacar partido al agua, para hacer frente a periodos de carestía, pero también para contener riadas devastadoras. El PP ha reactivado las obras en los últimos años, pero no ha resultado fácil por las limitaciones presupuestarias impuestas por la crisis económica y por la lista de obras impagadas que ha tenido que digerir.

Aragón también ha sufrido las consecuencias. Su histórico Pacto del Agua, aprobado en 1992 y que recogía los embalses que debían construirse para cubrir las necesidades de la región, fue apagándose por inanición en la etapa de Zapatero. Por entonces, el PSOE aragonés llevaba años exprimiendo el agua como ariete electoral, años de manifestaciones antitrasvase para erosionar al PP en las que los socialistas compartían escenario con grupos que enarbolaban también pancartas de «No a los embalses» -ecologistas, colectivos de izquierdas y partidos nacionalistas-.

El Pacto del Agua de 1992 calculaba en 6.550 hectómetros cúbicos anuales las necesidades hídricas de Aragón. Hoy por hoy, sigue sin haber embalses para garantizar esas reservas. Agua hay, pero faltan presas. El proyecto más relevante del Pacto de 1992 fue elrecrecimiento del embalse de Yesa. Debía estar hecho en 1999; pero, tras años de contenciosos legales y demoras ministeriales, en el mejor de los casos no estará listo antes de 2016. Y esto después de que, con Zapatero, se recortara drásticamente la dimensión de ese recrecimiento. Otro ejemplo en Aragón: el embalse de Biscarrués, que se dijo que iba a estar hecho en abril de 1998 y, tras revisarse a la baja el proyecto inicial, aún está en fase de tramitación administrativa.

El caso del Levante

Mientras, en la Comunidad Valenciana y Murcia -cuencas del Júcar y del Segura- los lodos que dejó la etapa de Zapatero han ido más allá del derogado trasvase. El Gobierno ultima ahora dos decretos de medidas urgentes contra la sequía en el Júcar y el Segura -restricciones, desvío de caudales de riego para suministro, compra de agua a otras cuencas…- mientras el Estado ha tardado cinco años de más en sacar adelante los planes de cuenca, base del futuro Plan Hidrológico Nacional. Debían estar listos en 2009 -con el Gobierno del PSOE-, pero no salieron a exposición pública hasta finales de 2014.

Las del Júcar y el Segura son las cuencas con los embalses más vacíos de España: una media de llenado del 50% entre las dos. Desde la Transición apenas se han construido presas, y no se han hecho en los lugares donde serían más aprovechables. Cuando en el Levante se producen lluvias torrenciales como sucede con las gotas frías cada otoño, la mayoría del agua se pierde tras causar cuantiosos daños. Mientras, la sequía ya ha originado pérdidas en los cultivos agrícolas de la Comunidad Valenciana por valor de 400 millones de euros desde el pasado año.

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